Montoro intenta combatir las facturas falsas limitando los módulos

El Consejo de Ministros del Ejecutivo de Rajoy ha aprobado una serie de medidas dirigidas a combatir el fraude fiscal, entre las que destaca la prohibición de tributar por módulos a los autónomos que facturan más del 50% de sus operaciones a otros empresarios.

Esta medida intenta combatir una práctica habitual de fraude que consiste en que el modulero -cuya carga fiscal no depende de los ingresos o los gastos asumidos- emite facturas falsas para que otros empresarios se puedan deducir el IVA o reducir la base imponible en el impuesto sobre sociedades. Evidentemente, esto no afecta a todo tipo de autónomos sino a los de profesiones o colectivos considerados como ‘de mayor riesgo’, esto es: carpinteros, albañiles, fabricantes de artículos de ferretería o de carpintería, yeseros, fontaneros o transportistas que, a partir de ahora, deberán tributar por lo que comúnmente se conoce como ‘estimación directa’, o sea, directamente relacionado con el volumen de ingresos.

En otro orden de cosas, y relacionado con lo anterior, la Agencia Tributaria podrá ejecutar embargos sin tener que pasar por la Fiscalía, hasta ahora auténtico ‘embudo’ en el que se acumulaban multitud de casos durante años sin que se resolviera y, por consiguiente, se diera pie a multitud de prescripciones por el inmenso retraso.

Por último, se establece de forma muy clara el premio al ‘chivatazo fiscal‘ de forma que si una de las dos partes implicadas en un fraude fiscal lo reconoce ante la Agencia Tributaria, queda libre de culpa.

En definitiva, se trata de un paquete de medidas cuyo único objetivo es paliar, por un lado, la inmensa deuda sin resolución que se ha hallado en la Agencia Tributaria y, por el otro, combatir el fraude fiscal en momentos en que todo lo que se recaude, dicho de modo coloquial, es poco.